Un juez de Nueva York ha ordenado a una de las empresas de tutela más importantes de la ciudad que devuelva miles de dólares a una anciana por el cuidado y la supervisión ordenados por el tribunal que no le proporcionó.
El juez de la Corte Suprema Lee Mayersohn escribió en una decisión del 8 de agosto que la empresa, New York Guardianship Services, facturó a Judith Zbiegniewicz mensualmente, pero proporcionó “servicios mínimos, si es que proporcionó alguno” durante años, incluso en el punto álgido de la pandemia de coronavirus.
Durante ese tiempo, Zbiegniewicz, quien vivía bajo tutela por depresión y ansiedad, dijo que ella y su esposo pasaron una noche en las calles, se mudaron a un refugio de la ciudad y finalmente encontraron una vivienda asequible por su cuenta.
Zbiegniewicz y su recorrido de una década por el sistema de tutelas del estado fueron objeto de una investigación de ProPublica a principios de este año. El informe mostró cómo ese sistema, plagado de demoras crónicas, una regulación laxa y una supervisión mínima, no ha logrado proteger a miles de neoyorquinos mayores y enfermos a quienes los jueces han declarado incapaces de administrar sus propios asuntos.
Las personas más afectadas son los pobres como Zbiegniewicz, que no tienen amigos ni familiares dispuestos a cuidar de ellos, un grupo conocido en la jerga de la industria como “los que no tienen amigos”. Para cuidar de este grupo, la ciudad cuenta con una red de organizaciones sin fines de lucro. New York Guardianship Services se presentó como uno de esos grupos y fue designado por el tribunal como tutor de Zbiegniewicz.
A pesar de sus declaraciones, NYGS, que presta servicios a cientos de distritos, en realidad no está registrada como una organización sin fines de lucro ante las autoridades estatales y federales, descubrió ProPublica.
Durante aproximadamente una década, la compañía se pagó a sí misma con la cuenta bancaria de Zbiegniewicz, incluso mientras ella se quejaba del deterioro de las condiciones de vida. Los problemas que describió (vivir con chinches, ratas y sin calefacción) persistieron durante años, y NYGS hizo poco o nada para solucionarlos mientras cobraba estipendios mensuales de sus limitados fondos. Dijo que finalmente intentó comunicarse con Mayersohn para denunciar la negligencia y hacer que NYGS rindiera cuentas, pero que sus intentos no tuvieron éxito. La secretaria del juez, dijo, simplemente derivó sus llamadas a la compañía de tutela.
Sin embargo, eso cambió en junio, después de que Zbiegniewicz asistiera a una audiencia para impugnar formalmente la contabilidad de NYGS, protestas que ya había articulado previamente en una carta al juez. Durante una comparecencia ante el tribunal, se quejó ante Mayersohn sobre el tiempo que estuvo bajo la tutela de NYGS. Dijo que le dijo que no había “ninguna excusa para lo que me hicieron pasar”.
La decisión de Mayersohn, informada por esa audiencia, requiere que la compañía devuelva $5,400 a Zbiegniewicz por algunos de los honorarios que cobró entre enero de 2019 y julio de 2022, un período en el que ella efectivamente vivió sola fuera de la tutela.
La orden requiere por separado que el banco que era dueño de la casa de Queens infestada de ratas y chinches donde NYGS colocó a Zbiegniewicz cumpla con un acuerdo previo en el tribunal de vivienda, que aún no ha pagado. Según el acuerdo, el banco le debe a Zbiegniewicz $5,000. Si no paga, ella puede intentar reclamar el dinero en el tribunal, aunque Zbiegniewicz dijo que era escéptica de que el esfuerzo y el costo de hacerlo valga la pena. Un abogado del banco no respondió a un mensaje en busca de comentarios.
En una entrevista, Zbiegniewicz dijo que estaba satisfecha con la sentencia, pero que estaba más contenta de que Mayersohn finalmente hubiera escuchado directamente de ella. También dijo que quería que NYGS rindiera cuentas por sus acciones.
“Obtuve algún tipo de justicia, pero la justicia sería que los sacaran de la tutela por completo porque no hacen nada por el pueblo”, dijo.
Como parte de su investigación, ProPublica identificó más de una docena de casos como el de Zbiegniewicz en los que NYGS no satisfizo las necesidades de las personas que estaban bajo su cuidado. En un caso, una mujer que había sufrido dos derrames cerebrales fue internada en un asilo de ancianos donde la dejaron sentada con pañales sucios, dijo un miembro de la familia. En otro caso, la empresa siguió cobrando pagos por la atención médica de un hombre incluso después de que este se fue del país y luego murió.
Los hermanos Sam y David Blau, que dirigen NYGS, y un abogado del grupo no respondieron a un correo electrónico en el que se les solicitaba que comentaran la decisión del juez. En respuesta a los informes anteriores de ProPublica, Sam Blau, el director financiero del grupo, dijo que “somos responsables ante el Tribunal” y enfatizó que la documentación financiera del grupo fue examinada por examinadores que tenían el poder de plantear cuestiones. Calificó el informe de “equivocado, sin un contexto completo y adecuado, lleno de omisiones e información poco precisa”, pero no especificó cuáles eran sus preocupaciones cuando se le preguntó. Se negó a comentar ningún caso específico.
Zbiegniewicz atribuyó la acción del juez en su caso a la investigación de ProPublica, algo poco común en el problemático sistema de tutela de Nueva York. Pero también señaló que fueron necesarios años de protesta sostenida de su parte, un nivel de persistencia que muchos neoyorquinos enfermos y ancianos que se encuentran bajo tutela no pueden mantener.
“Hice lo que pude, me siento bien por ello, el juez escuchó, escribiste cosas”, dijo. “Quizás alguien lo vea y quizás en algún momento, en el futuro, alguien haga algo al respecto”.
