Hace un año, los agentes del sheriff de Georgia se presentaron en la puerta de Colt Gray, un estudiante de secundaria. Estaban allí para interrogarlo sobre una amenaza en Internet de disparar en su escuela. La semana pasada, el joven de 14 años fue acusado de disparar y matar a cuatro personas en la escuela secundaria Apalachee.
A medida que siguen surgiendo detalles, la pregunta que ahora enfrentan los legisladores de Georgia es: ¿Cómo deberían responder los funcionarios a este tipo de señales de advertencia en el futuro?
Los legisladores ya están indicando que tienen la intención de tomar medidas más duras contra los estudiantes que hagan amenazas. En una carta del 12 de septiembre a los miembros del bloque republicano de la Cámara de Representantes estatal, el presidente de la Cámara, Jon Burns, escribió que uno de sus objetivos en la próxima sesión legislativa será “aumentar las sanciones por hacer amenazas terroristas en nuestras escuelas, y dejar en claro que aquí en Georgia, las amenazas de violencia contra nuestros estudiantes no serán toleradas y serán procesadas con todo el peso de la ley”. (Burns no respondió a una solicitud de comentarios).
Pero, como informó ProPublica este año, aumentar las penas puede tener consecuencias: pisotear los derechos de niños que no representan una amenaza para nadie.
Dos semanas antes del tiroteo de Apalachee, publicamos un artículo sobre un niño de 10 años de Tennessee que fue expulsado de la escuela durante un año después de que, enojado, señalara con el dedo en forma de pistola. El artículo analizaba cómo una ley estatal, aprobada en respuesta al tiroteo del año pasado en la Escuela Covenant de Nashville que dejó seis muertos, exige que las escuelas expulsen a los estudiantes que hagan amenazas de violencia masiva.
En julio entró en vigor otra ley de Tennessee que aumenta el cargo por amenazar con violencia masiva de delito menor a delito grave, sin exigir a los funcionarios que tengan en cuenta la intención real. Muchos expertos y algunos funcionarios consideran que ambas leyes son excesivas.
No hay indicios de que el niño de 10 años de Tennessee cuyo caso examinamos representara un peligro para su escuela o su comunidad. El alumno de quinto grado no tenía acceso a un arma de fuego, según su madre. Ella dijo que los funcionarios escolares lo describieron como un buen chico y expresaron su pesar por tener que expulsarlo. (El subdirector de su distrito escolar se negó a hacer comentarios, incluso después de que su madre firmara un formulario que permitía a los funcionarios escolares hacerlo).
Mientras tanto, las autoridades policiales de Georgia fueron advertidas hace un año de que Gray estaba haciendo amenazas, y escucharon directamente de su padre que el adolescente tenía acceso a armas. (Los funcionarios escolares dijeron que las advertencias nunca les fueron transmitidas).
Mientras los legisladores de Georgia analizan qué pueden hacer para garantizar la seguridad de los estudiantes, los expertos dicen que deberían tener en cuenta las consecuencias que sus decisiones pueden tener para un amplio espectro de niños, desde el chico de 14 años con acceso a rifles de asalto hasta el chico de 10 años que apunta con el dedo a un arma. Las personas que estudian las señales de advertencia y las reacciones legislativas ante los tiroteos en las escuelas han advertido durante mucho tiempo que las políticas de tolerancia cero, como las que adoptó Tennessee, no han demostrado que hagan que las escuelas sean más seguras y, de hecho, pueden perjudicar a los estudiantes.
Los expertos sostienen que, para disuadir la violencia, la investigación sugiere que la estrategia más eficaz no son las expulsiones obligatorias ni los cargos por delitos graves, sino otro tipo de táctica, una que los funcionarios federales han promovido basándose en décadas de entrevistas con tiradores en masa, asesinos políticos y personas que sobrevivieron a los ataques. Las evaluaciones de amenazas, cuando se realizan de manera eficaz, reúnen a los profesionales de la salud mental, las fuerzas del orden y otros miembros de la comunidad para ayudar a los funcionarios escolares a distinguir las amenazas creíbles de los actos simplemente disruptivos y brindar a los estudiantes la ayuda que necesitan.
“Es la mejor opción que tenemos a nuestra disposición para prevenir este tipo de tiroteos”, dijo Dewey Cornell, psicólogo y experto en el uso de evaluaciones de amenazas en las escuelas. Se supone que un equipo de evaluación de amenazas debe entrevistar a cualquier persona involucrada en una amenaza para evaluar si el estudiante representa un riesgo inminente para los demás. Y se supone que debe advertir a las posibles víctimas de las amenazas importantes, tomar precauciones para protegerlas y buscar formas de resolver el conflicto.
Cornell dijo que la intervención de las fuerzas del orden y la disciplina severa deberían reservarse para los casos más graves, lo que es exactamente lo opuesto a las políticas de tolerancia cero. Tennessee, junto con otros 20 estados, exige evaluaciones de amenazas en las escuelas. Pero como el estado también ordena expulsiones y cargos por delitos graves, muchos estudiantes terminan condenados al ostracismo y aislados en lugar de recibir la ayuda continua que los expertos consideran una de las mayores fortalezas del proceso de evaluación de amenazas.
La sugerencia de que las escuelas y las autoridades deben vigilar de cerca y ayudar a los estudiantes que hacen amenazas puede parecer contradictoria, especialmente en un momento en que el miedo y la frustración están aumentando, dijo Mark Follman, periodista de Mother Jones y autor del libro de 2022 “Trigger Points: Inside the Mission to Stop Mass Shootings in America”.
También es fácil entender por qué la gente quiere una respuesta punitiva a las amenazas, dijo Follman, pero puede empeorar el problema. Expulsar a un estudiante que es potencialmente peligroso significa que los funcionarios escolares y otros tienen poca capacidad para monitorearlo. Y, fundamentalmente, “también se está exacerbando potencialmente su sensación de crisis, su queja, especialmente si involucra a la escuela”, dijo, llevándolos hacia un punto de ataque en lugar de alejarlos de él.
Para su libro, Follman entrevistó a los principales expertos en evaluación de amenazas y se incorporó a un equipo de un distrito escolar de Oregón. Señala que para que el proceso de evaluación de amenazas funcione, debe llevarse a cabo correctamente. “La mayoría de los ejemplos que he visto, si no todos, de historias sobre evaluaciones de amenazas que tienen un impacto negativo en los estudiantes y las familias son casos en los que no se están haciendo correctamente”, dijo Follman.
Según nuestro artículo del mes pasado, los funcionarios escolares de Tennessee realizan evaluaciones de amenazas de manera inconsistente. Algunos permiten que la policía tome la iniciativa en incidentes menores, lo que resulta en cargos penales para los niños que hicieron amenazas que los propios funcionarios escolares no consideraron creíbles.
Al menos un legislador de Tennessee está respondiendo al tiroteo en Georgia diciendo que valida las duras sanciones para los estudiantes que hacen amenazas. El senador estatal de Tennessee Jon Lundberg, quien copatrocinó ambas leyes punitivas de Tennessee, le dijo al Chattanooga Times Free Press esta semana: “La legislatura está constantemente pensando: ¿Qué más podemos hacer?”
