Guadalajara, Jal. Luego que el gobierno de Jalisco anunció el pasado lunes el cierre del programa estatal “A Toda Máquina” y con ello la transferencia de la maquinaria a los ayuntamientos de la entidad, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) advirtió el riesgo de una competencia desleal en la ejecución de obras por parte de los municipios y demandó la conformación de un comité de vigilancia que garantice el buen uso de esa maquinaria.
El programa A Toda Máquina fue impulsado al inicio de la actual administración de Enrique Alfaro para dotar de maquinaria pesada a los municipios con el objetivo de que éstos pudieran atender actividades rurales y dar respuesta a emergencias naturales, y para garantizar su buen uso, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. (SADER) implementó reglas de operación a través de un manual y establecieron comités de vigilancia.
El pasado lunes, el gobierno de Jalisco y ayuntamientos de todas las regiones del estado firmaron un convenio mediante el cual se abrió el proceso de donación de 596 unidades de maquinaria pesada a 121 municipios, “equipos que pasarán a ser propiedad absoluta de los gobiernos municipales con el objetivo de que sigan beneficiando en labores urbanas, rurales y en casos de emergencias causadas por fenómenos naturales”, mencionó el gobernador Enrique Alfaro.
En respuesta, la cúpula constructora en la entidad advierte riesgos para el sector por lo que pide la conformación de un ente que establece mecanismos de vigilancia y control.
“Nuestra principal preocupación radica en la posibilidad de que la maquinaria, ahora en manos de los municipios, no sea utilizada con la intención original para el cual fue concebida…Sin un control adecuado, existe el riesgo de que la maquinaria sea direccionada hacia otras multas, lo que podría desvirtuar su propósito y reducir su efectividad en la atención de las necesidades rurales y emergencias”, señala la delegación Jalisco de CMIC a través de un comunicado.
“La falta de un sistema de administración adecuado podría dar lugar a una competencia desleal para los industriales de la construcción, ya que los gobiernos municipales, a través de sus direcciones de Obras Públicas, podrían utilizar la maquinaria para actividades no previstas o con multas personales. o de otros giros, afectando así el equilibrio del sector”, refiere el posicionamiento de CMIC.
